Ante nuevas viejas estrategias estatales

La crisis reabre nuevos viejos debates para los trabajadores y sus luchas

SURda

Prensa de Frente

Boletín quincenal Nº107 - Previo a la llegada de la crisis, pero sobre todo a partir del comienzo de ella los conflictos encabezados por trabajadores asalariados han vuelto a decir presente en el escenario de las luchas populares. Con un caudal de experiencias previas, este sector se ha topado ante sus reclamos con diferentes respuestas patronales y gubernamentales cuyas características demandan una ampliación de los debates y una definición de perspectivas para la nueva etapa que comenzará con las elecciones del 28 de junio.

El panorama de luchas gremiales al que hacemos referencia es bien amplio: conflictos desatados por recomposición salarial, por encuadramiento o reconocimiento gremial, defensa del empleo, etc. más allá de si fueron conducidos por una central burocrática o no, o por acción espontánea de los trabajadores. En resumen, todos conflictos que aportan a visibilizar procesos de confrontación entre los trabajadores y las patronales.

Tanto la Confederación General de Trabajo como la Central de Trabajadores Argentinos, a excepción de algunas seccionales de esta última, se encuentran más abocadas a dar respuestas a los gremios que ya representan, antes que a incidir en las experiencias que se han puesto en acción a partir de la fuga o quiebra de las patronales. De esta manera, muchas de las luchas más notables de los últimos meses se han visto huérfanas de estructuras gremiales que las potencien, mientras que, por otro lado, fueron apuntaladas por la solidaridad de la izquierda en todas sus facetas y colores: ya sea la que se pone a disposición de las luchas supeditando sus intereses al triunfo del conflicto, como aquellas que buscan adjudicar los ya de por si escasos triunfos a determinada estructura política.

El desarrollo de las luchas en los establecimientos ante vaciamientos o convocatoria a quiebra, donde con la autogestión se busca dejar de depender de las patronales, ha disparado nuevamente debates emparentados a aquellos que se sucedieron luego de las primeras experiencias de recuperación de empresas una década atrás. De este modo, el reclamo de la estatización bajo control obrero, la promoción de cooperativas de trabajo o directamente la autogestión de las plantas, volvieron a ser las variables de acción implementadas en diferentes partes del país. Asimismo, estas luchas están atravesadas por el desfasaje en la utilización de las herramientas legales a las que hoy pueden remitirse los trabajadores. A modo de ejemplo, la conciliación obligatoria ha sido considerada durante años como una herramienta que, si bien frena el desarrollo de los conflictos por volver la disputa a foja cero, ha garantizado inicialmente las fuentes de empleo. Desde hace unos meses, o a lo sumo un par de años, esta figura ha venido jugando un rol inverso.

Ya desde el conflicto en la textil Mafissa, la conciliación obligatoria se ha mostrado ambigua en lo relativo a su efectividad para garantizar los puestos de empleo. En aquella oportunidad, el recurso retrotrajo el conflicto gremial pero no las presentaciones judiciales que posibilitaron la continuidad de la persecución legal vía fuero penal de aquella lucha. Esta situación se repitió en la textil quilmeña Febatex/Filobel, cuando al dictaminarse la conciliación, se temió un desalojo de la planta ocupada. Afortunadamente, la media sanción para la expropiación de la textil en la cámara baja bonaerense llegó a tiempo, gracias a la presión y movilización de sus trabajadores.

En este marco, la respuesta estatal se ha hecho presente desplegando diferentes iniciativas, no siempre lineales o fáciles de catalogar como funcionales a las patronales. Las acciones, promovidas desde los tres poderes del Estado tienden a complejizar el pliego de reclamos relativos a la resolución de los conflictos en curso. Hace poco más de un mes, Cristina Kirchner anunciaba que un economista del Plan Fénix, Aldo Ferrer, pasaba a formar parte del directorio de Siderar, planta del grupo Techint, haciendo valer las acciones que posee el Estado, fruto de la estatización del sistema de jubilaciones privadas el año pasado. En paralelo, una serie de legisladores de diversos signos políticos de la Provincia de Buenos Aires, impulsaban y aprobaban la media sanción a la ley de expropiación a favor de la Cooperativa Textil Quilmes, ex Filobel-Febatex, en sintonía a otros fallos recientes aprobados por el legislativo de esa Provincia.

Otra planta que peleaba reivindicaciones similares es la papelera perteneciente al ex hombre fuerte de la Unión Industrial Argentina, Héctor Massuh. En este caso la empresa quiso ser vaciada, intentona que fue abortada por sus trabajadores quienes acamparon en la puerta de la planta, también de la localidad de Quilmes. En esta oportunidad, guiado por la potencial rentabilidad, su condición de acreedor y la posibilidad de romper el monopolio del papel prensa, en paralelo a la posibilidad de dar continuidad a más de 600 puestos de empleo, el Ejecutivo Nacional decidió meter mano en el asunto.

Lo contradictorio del caso es que a pesar de que el Estado Nacional es acreedor de hecho de Massuh, a raíz del sin fin de créditos, subsidios y préstamos otorgados, entre los que se destaca un último préstamo de 40 millones de pesos en 2008, otorgado para evitar el cierre de las plantas y el despidos de operarios, el Estado no se ha inclinado ni por su expropiación ni por una intervención integral. El acuerdo es que se destinarán recursos públicos del Anses y del Banco Central para pagar a los titulares de la empresa por la utilización de los edificios y la maquinaria, sin hacer públicos los montos ni la referencia a partir de la cual se calcularán los pagos. De esta manera, garantizar la continuidad de más de 600 puestos de trabajo, trae aparejado que el Gobierno Nacional, garantice también los ingresos de patronales que, sin haber reinvertido sus ganancias, se declaran en quiebra de manera fraudulenta buscando el rescate del Estado.

Más allá de las medidas nombradas, el recurso más novedoso entre los implementados ante la crisis internacional ya desatada en la región, es un plan de emergencia lanzado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El programa de “Reconversión Productiva”, conocido como Repro, fue implementado en los primeros meses del año con el objetivo de hacer frente al impacto de la crisis sobre los empleos, principalmente de la industria, y consiste en un subsidio destinado a complementar el déficit salarial del empresariado con un monto de hasta 600 pesos por trabajador. Al mes de abril de este año 1203 empresas, representando a 64.739 trabajadores, eran beneficiarias de este programa, encabezadas por 86 establecimientos metalúrgicos y seguidos por la rama textil con 79 empresas favorecidas por este plan. Al ritmo de la creciente solicitud patronal de inclusión en el padrón del ministerio de Trabajo, se extendieron las denuncias de trabajadores que afirman que no son pocas las gerencias que utilizan este mecanismo para declararse insolventes en ramas que no han sido afectadas por el cimbronazo internacional, logrando mediante estas artimañas administrativas índices de rentabilidad igual o aún mayor a los de los últimos años.

Todas estas medidas no hacen sino reavivar la necesidad de las organizaciones populares de dar respuestas a estas situaciones; respuestas que no pueden desentenderse de la prioridad de conservar los puestos de trabajo aún a riesgo de asumir formas productivas y organizativas imperfectas producto de la correlación de fuerzas en cada uno de los conflictos. Así, la discusión sobre cual es o debe ser el papel del Estado ya sea en la producción, el gerenciamiento o la comercialización de las plantas vaciadas y/o expropiadas a la patronal, no puede perder de vista la innegable realidad de que hoy en nuestro país no hay en el poder un proyecto político ligado a la promoción de políticas productivas autogestionadas por los propios asalariados.

A pesar de ello, el debate en torno a la forma organizativa que prefigure otro modo de organizar la producción no puede escindirse del protagonismo de los trabajadores para alcanzar esas conquistas. El papel de los propios asalariados y la potencia organizativa que adopten es, en definitiva, lo que inclinará la balanza a la hora de conformar una cooperativa, reclamar por la estatización o por la inyección de recursos estatales a establecimientos que se proponen producir bajo una lógica distinta en tiempos en los que la voracidad capitalista busca nuevos maquillajes para reconvertirse.